La convocatoria de las
organizaciones de pensionistas de la manifestación del 15 de octubre en Madrid es
una llamada a la movilización de toda la clase obrera en la defensa del poder adquisitivo
atacado par la inflación. Es una convocatoria en defensa delos salarios y las
pensiones, que, en la situación política actual, deja al desnudo a la
representación oficial del movimiento obrero y al gobierno.
Es un llamamiento
dirigido a los pensionistas, a los trabajadores activos y a todas organizaciones
sociales y sindicales que compartiendo los objetivos de la convocatoria quieran
participar.
Desde amplios sectores
de la clase obrera y sindicalistas y organizaciones obreras diversas se apoya incondicionalmente
la movilización del 15 de octubre convocada por las organizaciones de pensionistas.
Y ese apoyo quieren traducirlo en
medidas concretas que ayuden al éxito de la movilización.
Frente al efecto de la inflación, devaluando el poder adquisitivode los salarios,
los trabajadores activos se encuentran expectantes.
Es muy importante facilitar la participación de trabajadores, delegados y
sindicalistas en apoyo a la convocatoria y la participación en la movilización
del 15 de octubre.
A los pensionistas el
gobierno del PSOE, IU/PCE y PODEMOS, apoyándose en la pasividad de las direcciones
sindicales,continúa decididamente con su plan de reducir las pensiones públicas
y sustituirlas por pensiones privadas.
El combate contra las
conquistas sociales canalizado a través de la UE, la banca y la patronal exige
al gobierno que incumpla el aumento de las pensiones aprobado en la ley. Al
tiempo que lo apoyan cuando incumple la ley retrasando la realización de la auditoria
y cuando ataca de frente la tasa de reemplazo de las pensiones.
EL
EJE DE ESCRIVÁ
El plan de Escrivá,
entendiendo que con el apoyo de todos los ministros, consiste en retocar todas
las variables y parámetros del régimen de reparto con el objetivo de reducir el
gasto total y el montante de las pensiones de los futuros pensionistas.
Desde un punto de vista
político Escrivá se apoya en un relato fallidoque pretende justificar que
elsistema de Seguridad Social no puede hacer frente a las pensiones futuras. En
apoyo de esterelato del ministro se ha movilizado la banca, las compañías de
seguros, las sociedades de captación de ahorros y todo el capital financiero.
A este circo se ha
unido también el Banco de España pretendiendo dar solvencia técnica a la
propaganda oficial del ministro sobre lanecesidad de los recortes o, por
ejemplo, dando publicidad a falsas deudas de la Seguridad Social sobre las que
el Tribunal de Cuentas dictaminó que eran fruto de manipulaciones contables y
por tanto eran falsas deudas de la Seguridad Social con el Estado.
El ministro gracias a
la presión y trabajos de los pensionistas se vio obligado a reconocer, para
entendidos y en contadas ocasiones, que las cotizaciones sociales habían sido sistemáticamentesaqueadas
para financiar “gastos impropios”. Es decir, que los excedentes de los ingresos
por cuotas dela Seguridad Social se destinaron a financiar gastos propios del Ministerio
de Hacienda y en consecuencia,para esconder esas irregularidades, fue necesario
inventar una secuencia de anotaciones contables en las que se disminuía el
déficit del Estado, se ocultaban los superávits de la Seguridad Socialy las reservas
que con ellos se debieron constituir. Uno de los resultados de esas
manipulaciones contables es la aparición falsa deuda de100.000 millones de euros antes comentada.
Han sido las propias
instituciones del Estado las que han creado un marco ficticio de crisis y
endeudamiento. Escrivá lo ha adoptado como base justificativa de la política de
recortes imprescindibles para atender las exigencias del capital financiero de extender
sus negocio de las pensiones privados en los espacios cubiertos por las pensiones
públicas.
Lo que se pretende desmontar
con la exigencia de la auditoria es ese cúmulo de irregularidades provocado por
el saqueo a lascuentas de la Seguridad Social, que han sido denunciadas por
especialistas e incluso por el Tribunal de Cuentas y lo que hace falta es
restituir la verdad y la magnitud del desvío de fondos perpetrado contra la ley
que protege el patrimonio de la Seguridad Social.
LA
AUDITORIA ES UNA EXIGENCIA DEMOCRATICA QUE EL GOBIERNO ESTÁ OBLIGADO A ATENDER
La exigencia de la auditoria
es la única forma de demostrar que Escrivá miente, que la Seguridad Social es
sostenible, que la solución no es abrir las puertas a las pensiones privadas
para sustituir las pensiones públicas, que la solución no es reducir pensiones
públicas para dejar espacio a las privadas
La solución pasa
solamente por obligar a que los ingresos de lascotizaciones se apliquen al fin
que tiene atribuido (las prestaciones del régimen de reparto), y no a financiar
gastos del Estado ajenos a la Seguridad Social.
Los pensionistas
recogieron más de 200.000 firmas exigiendo la auditoria, apoyos de
sindicalistas y de congresos de las centrales sindicales.. Y noes ocioso
recordar que en la primera frase del documento a firmar se decía:
Existe
una deuda histórica no reconocida con el
sistema de reparto de nuestra Seguridad Social, en buena parte es una herencia
de gobiernos anteriores.
Se ha demostrado y
reconocido las irregularidades sistemáticas y saqueos perpetrados, pero no es
suficiente con se reconozca que durante decenios regularmente se han utilizado
las cotizaciones sociales para gastos impropios, los que se necesita ahora es que sus
consecuencias no se utilicen para recortar prestaciones, que se establezca la
verdad y se aclaren y corrijan las irregularidades.
Las instituciones estatales
se convierten así en el obstáculo principal a las reivindicaciones, ocultando sus
irregularidades sin que el gobierno se atreva a desmotar el cuadro de una Seguridad
Social en crisis dibujado desde las entrañas del Estado al servicio del capital
financiero. Muy al contrario, el gobierno protege en silencio ese mundo
institucional que se ha apropiado durante decenios de las cotizaciones
sociales.
Un grupo de diputadas y
diputados (Meri Pita, Jordi Salvador, Iñaki Ruiz, Albert Boltran, Nestor Rego, Íñigo Errejón, Joan Baldoví, eInés Sabanés),frente al rechazo
del gobierno,apoyaron la realización de la auditoria como medio de exigir la
transparencia de la cuentas públicas. La presión de los pensionistas en unidad
de acción con los diputados consiguió introducir en la ley 21/2021 de 28 de
diciembre importantes garantías, de una parte la disposición adicional sexta disponiendo
En
el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el gobierno
encargará la elaboración de un informe de auditoría (..).
Dicho
informe, será realizado en el plazo máximo de seis meses
(..)
El gobierno ha
incumplido los plazos, porque la realización de la auditoria pude conducir a desmontar
todo elrelato de la insostenibilidad del sistema en que se basa Escrivá para hacer
recortes en lo público..
De esta forma el
gobierno actual no hace frente a las irregularidades cometidas por las
instituciones estatales contra los recursos de la Seguridad Social y al mismo
tiempo incumple directamente la ley que con plazos precisos le obliga a
encargar y concluir la auditoria.
Por ello es acertado y
oportuno el acuerdo de hacer delegaciones a los diputados que apoyan al
gobierno la exigencia democrática que tiene el gobierno de cumplir la ley. El cumplimiento de la ley es inexcusable, no
es optativo.
LA
DEFENSA DE LA TASA DE SUSTITUCIÓN ES TAMBIEN UNA EXIGENCIA DEMOCRATICA
La segunda garantía del
sistema de reparto introducidos en la ley 21/2021 de 28 de diciembre por la
movilización de pensionistas a través de algunos diputados se refiere al
mantenimiento de la tasa de sustitución de las pensiones. Esta tasa indica el
porcentaje que representa la pensión respecto al último salario previo a la
jubilación. En España el año pasado estaba en torno al 80% del último salario, una de las más altas del
mundo.
La ley recoge la
obligación del gobierno de mantener el nivel actual de prestaciones, y muy
especialmente el nivel de las pensiones manteniendo el actual nivel de la tasa
de reemplazo.Se recogen en la disposición final tercera, condicionando la
reordenación de servicios y a la eventual agencia. :
Con
el objeto de asegurar el actual nivel de prestaciones públicas del régimen de
reparto en el que se fundamenta nuestra Seguridad Social medido por su tasa de
reemplazo
El incumplimiento de
esta disposición es evidente. Los recortes de las pensiones fuerzan
directamente a la baja de la tasa de reemplazo. Tanto la pérdida de poder adquisitivo
de principios de año a causa de revalorización de las pensiones en porcentaje
inferior al IPC, como el nuevo procedimiento anunciado por Escrivá consistente en calcular la base de cotización
de 35 años, son un duro golpe a la tasa de reemplazo.
Solo el paso de
utilizar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de la base
supone una pérdida del 8 al 10% de la pensión para los nuevos pensionistas.
Ante esa perspectiva
todo trabajador está legitimado para exigir que el gobierno cumpla lo
establecido en la ley sobre el mantenimiento del actual nivel de prestaciones
sociales y especialmente la pensión futura.
Exigir al gobierno el
cumplimiento de esta obligación aprobada hace nueve meses es un derecho
irrenunciable, como el de la exigencia de la auditoria. El gobierno aprueba una
cosa con una mano y con la otra la deshace.
EL GOBIERNO INCUMPLE LA
LEY Y ARRASA LA SEGURIDAD SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS INTERESES DEL BANCOS
La ofensiva del capital
financiero por meter la mano en las cotizaciones sociales es secundada por
Escrivá con violencia, sin respetar
ninguna de las garantías arrancadas por los pensionistas e introducidas en la
ley. Se trata de la realización de una auditoria del Tribunal de Cuentas a las
cuentas de la Seguridad Social y el mantenimiento de la tasa de reemplazo.
El gobierno empezó a
incumplir la ley a las 4 semana de aprobarse en la ley el encargo de la auditoria
y ha continuadosu política de incumplimientos con la no presentación de la
auditoria y con el anuncio del aumento de los años para el cálculo de las bases
a 35 años, que impone una fuerte disminución de la tasa de reemplazo.
El gobierno con su
brutal estrategia de recortar pensiones públicas para facilitar su sustitución
por los fondos privados llega incluso a incumplir los acuerdos alcanzados con
los sindicatos y lasrecomendaciones del
Pacto de Toledo. La Recomendación 15 del pacto de Toledo estableció límites al
desarrollo de los planes complementarios en los siguientes términos:
Tienen
como objetivo complementar -en ningún caso sustituir- las pensiones públicas.
Será la acción unida de
los pensionistas y los trabajadores activos en unidad de acción con las
organizaciones de la clase obrera el único freno que detenga tanta urgencia en
reducir el régimen de reparto incumpliendo el gobierno principios elementales
de respeto a la democracia, a la transparencia de las cuentas públicas y al cumplimiento
de la ley.
Las movilizaciones para
el 15 de octubre es positivo que integren en susobjetivosesta dimensión de la
lucha en defensa de la Seguridad Social.
(*)
Juan Miguel Fernández, jubilado, Asesor Técnico del
Tribunal de Cuentas, Profesor Honorifico de la Universidad Complutense de
Madrid
