Eduardo Montagut
¿Existió una alternativa clara a cómo había que organizar la diplomacia en clave socialista? Pues bien, el socialismo español se planteó esta cuestión en dos momentos, en el Congreso del Partido Socialista de 1918, y en la época de la Segunda República. La idea era democratizar el servicio diplomático, y siempre con el objetivo de fomentar relaciones en favor de la paz. Intentemos ofrecer algunas claves de un tema casi inédito.
El PSOE dedicó mucha atención a la Administración del Estado en su XI Congreso, celebrado en el otoño del año 1918. Los socialistas aprobaron en la Ponencia denominada “Legislación General” la democratización de los servicios diplomáticos, junto con cambios tendentes a fomentar la eficacia de los mismos, en un momento clave de las relaciones internacionales, justo cuando finalizaba la Gran Guerra y debía construirse un nuevo orden mundial. Si no se emprendía una profunda reforma de la política internacional española se agravaría el desprestigio internacional del país, según la opinión socialista. Esa reforma debía abarcar todos los órganos de la actividad exterior española para, además, contribuir a la formación de una “conciencia internacionalista en España”.
El Ministerio de Estado (Asuntos Exteriores) debía ser transformado profundamente, con una intensa reorganización del cuerpo diplomático y del consular, equiparándolos, es decir, se pretendía una democratización de toda la estructura diplomática española, potenciando a los cónsules. Por fin, se defendía la dimensión cultural de las embajadas españolas, y la necesidad de incluir la representación obrera en las mismas.
Por su parte, Antonio Fabra i Ribas, uno de los socialistas españoles con más proyección sobre los asuntos internacionales, planteó la necesidad de establecer un plan de estudios para el Cuerpo consular.
Fabra pretendía que los cónsules recibiesen una completa formación teórica y práctica sobre las materias que abarcaba su carrera. Había que cambiar casi completamente el temario de las oposiciones porque tenía un carácter “especulativo y memorista”. Interesaba que los cónsules adquiriesen conocimientos en Geografía comercial e industrial, Estadística y Legislación social comparada.
El cónsul debía residir el mayor número posible de años en el mismo país. Debería estudiar, además, las características sobre la agricultura, industria y comercio de dicho país. Los cónsules deberían redactar una memoria semestral indicando las condiciones en que vivían los españoles residentes en el país, la mayor o menor aceptación de los productos españoles importados en comparación con los de otros países, y los productos propios que fueran de interés para España.
Los Consulados tendrían que estar dotados del personal necesario, debidamente remunerado para que pudieran atender todos los servicios asignados a estos organismos con el fin de que los españoles residentes en el extranjero estuviesen atendidos adecuadamente.
El Congreso del PSOE aprobó por unanimidad esta proposición.
El Gobierno de la República planteó, en un proyecto de ley en septiembre de 1932, un sistema de jubilaciones de funcionarios de la carrera diplomática, siguiendo los principios adoptados por los Ministerios de Guerra y Justicia. Se abría la puerta de salida a los diplomáticos y cónsules que no deseasen seguir en activo. Ni la edad ni la situación funcionarial de cada uno serían obstáculos para la jubilación. De esta forma se buscaba servidores leales a la República, al cambio de régimen, como en el caso de militares y magistrados y fiscales. Las Cortes lo aprobaron el 9 de septiembre. No debemos olvidar en qué momento nos encontramos, justo después del golpe de Sanjurjo, que generó que el Gobierno y las fuerzas leales a la República comprobasen que había muchos enemigos de la misma en los diversos ámbitos de la Administración, incluida la diplomática, por lo que se decidió, empleando la legalidad, intentar atajar el problema.
Los socialistas apoyaron esta reforma, impulsada por el ministro de Estado, Luis de Zulueta.
Pero los socialistas insistían en que había que abordar la selección de los cuadros diplomáticos y consulares, como se defendía en un editorial de El Socialista del primero de septiembre de 1932, porque no se habría emprendido en el año y medio de vida de la República. Había muchos enemigos de la República en Embajadas y Consulados españoles por el mundo, defendiendo a la Monarquía, por lo que para muchos españoles residentes en el extranjero la República debía ser muy parecida a la Monarquía. Los socialistas habían recibido quejas en este sentido. Por eso, aunque la ley sobre jubilaciones era necesaria, más lo era que se elaborase una lista de personal diplomático separado del servicio, porque aseguraban que el departamento de Estado constituía uno donde más enemigos tenía la República. En este sentido, no debemos olvidar que el cuerpo diplomático español de la Restauración contaba en el escalafón con aristócratas y personajes destacados, lógicamente, de dicho régimen político.
Pues bien, como también informaba el mismo número del periódico socialista, el 30 de agosto de 1932 el Gobierno había aprobado un Decreto donde se reformaba el ingreso en la carrera diplomática. La disposición se justificaba por la conveniencia de transformar los servicios diplomáticos y consulares para adaptarlos a las necesidades de la época y, en consonancia, con el cambio que había supuesto la República. Era importante, en consecuencia, cambiar el sistema de acceso a la carrera diplomática, basado en la preparación y selección de los “jóvenes estudiosos” de todas las clases sociales, que hubieran salido de las Facultades de Derecho, que demostrasen con ejercicios distintos de la oposición “memorista”, su capacidad, talento y aptitud.
Así pues, se establecía una nueva oposición que permitiría acceder a la condición de aspirante a la carrera diplomática, para después realizar dos cursos, uno en España, que si se superaba permitiría pasar a otro en el extranjero. La superación de todo el proceso permitiría ingresar en la carrera diplomática como terceros secretarios en las vacantes que existiesen.
Avanzado el mismo mes de septiembre, Luis de Zulueta hizo unas declaraciones a la prensa para informar que se estaba reorganizando los servicios diplomáticos, según la ley citada de 9 de septiembre. Zulueta declaró que no había habido muchos casos de notoria hostilidad a la República, y para atajarlos ya existía una legislación general para toda la Administración de 11 de agosto de 1932, que autorizaba la separación definitiva del servicio, pero lo que se estaba produciendo, realmente en su Ministerio, eran jubilaciones, según lo estipulado por la ley de 9 de septiembre, y que no debían significar ninguna sospecha sobre lealtades y honorabilidades. Zulueta detalló que aquellos funcionarios que al proclamarse la República presentaron su dimisión y pasaron a situación de excedencia, quedaban ahora por la nueva ley, definitivamente jubilados, o en algunos casos separados del servicio por su hostilidad a la República. El Socialista no sólo publicó estas declaraciones, sino también dos listas de diplomáticos. La primera incluía los separados del servicio según la ley de 11 de agosto de 1932 que, como había anunciado el ministro, no era muy larga, con un solo embajador, tres ministros plenipotenciarios de diversas clases, y dos secretarios. La segunda era más extensa, y según lo dispuesto en las jubilaciones de la ley de 9 de septiembre de 1932.
El periódico oficial del PSOE, a la vez, que informaba de las declaraciones de Zulueta y publicaba las listas señaladas, incluyó una larga reflexión sobre el sentido de la diplomacia en la República, criticando la vieja, pero también que la República, el nuevo Estado, por lo que se consideraba un erróneo sentido de la “juricidad” hubiera aceptado en su seno a todos los diplomáticos de la Monarquía. No se negaba que en los escalafones de la carrera diplomática había hombres discretos e inteligentes y hasta de buena voluntad, pero se opinaba que predominaban los “cretinos” y los no válidos, que se habían dedicado a difamar la República y a menospreciar a su Gobierno, sin renunciar a sus puestos. España seguía siendo monárquica en lo que concerniente a sus representaciones diplomáticas. La República respetaba la disidencia, pero si iba acompañada de un compartimiento leal, y tanto más cuando la misión era la de representar al Estado. Pero la República había descubierto muchas cosas con el golpe de aquel verano de 1932.
La diplomacia del nuevo régimen debía huir, en opinión de El Socialista, de los “cambalaches secretos”, pactados en recepciones mundanas, sin sobre discusiones claras y abiertas. Tenía que ser una diplomacia que potenciase los nuevos valores y abordase los temas que importaban a las masas. Por eso, se opinaba que los viejos cuadros de la diplomacia clásica no podían abordar la “nueva emoción del mundo”, por lo que convenía prescindir de sus servicios.
Pues bien, en junio de 1933 un nuevo artículo de opinión en El Socialista insistía en la democratización de la diplomacia.
Los socialistas consideraban que uno de los pilares de la democratización del país tenía que ver con la revisión de la diplomacia tradicional española, tanto en relación con el personal como con el estilo. Había habido promesas sobre la necesidad de emprender un cambio profundo. Se habían separado algunos funcionarios y otros habían sido jubilados. También se había reorganizado el sistema de ingreso en la carrera diplomática, pero poco más se había hecho cuando se publicó esta columna periodística, siempre según la opinión del periódico socialista. Desde la izquierda se quería que la diplomacia dejara de ser el coto de una élite para que se abriese a todo el mundo, a la “clase proletaria de la inteligencia”. Las puertas del Ministerio de Estado debían estar abiertas a los ciudadanos que no poseyeran títulos, ni dinero para costearse la carrera.
Al parecer, acababan de celebrarse oposiciones para el ingreso en la carrera diplomática, reservadas a titulados en Derecho. Américo Castro, presidente de las anteriores oposiciones, aunque no sólo él, había solicitado en un informe elevado al ministro de Estado sobre el desenvolvimiento de los exámenes, que se abrieran las oposiciones a otros titulados, pero nada se había hecho. Los socialistas apoyaban esta reforma, aunque iban más lejos, ya que consideraban que, aunque las oposiciones debían ser rigurosas, se debía bajar el requisito de la titulación, pudiendo haber bachilleres y hasta ciudadanos sin título que fueran aptos para la carrera diplomática. Es más, también consideraban la necesidad de hubiera mujeres.
El PSOE esperaba que el ministro Luis de Zulueta tuviera en cuenta estas cuestiones.
Hemos consultado los números 3414, 3552, 7354, 7375 y 7592 de El Socialista. Es recomendable consultar la obra de Miguel Ángel Ochoa Brun, Historia de la diplomacia española, Tomo XI-XII. La Edad Contemporánea, publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1995.
Eduardo Montagut Contreras es Doctor en Historia Moderna y Contemporánea, colabora con Eco Republicano desde 2014.
El contenido de los artículos de opinión serán responsabilidad exclusiva de su autor/a. Eco Republicano se compromete a eliminar cualquier contenido que pueda ser considerado ilícito.
