No se si estoy más enfadado por la aprobación de la Ley Mordaza,
por la negativa del gobierno a aplicar la Ley de Memoria Histórica, la estafa,
supuesta, de Rato en Bankia, las declaraciones del opusino Fernández, sobre las
expulsiones en caliente de inmigrantes, o por la no imputación de la hija del
rey y hermana de rey —que si no queríamos uno, tenemos dos—. Estoy hasta la
coronilla, muy enfadado, indignado y asqueado.
Es mi problema. «A quien le importa lo que yo haga, a quien
le importa lo que yo diga, yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré», cantaba Alaska
y Dinarama, allá por 1986 «Quizás la culpa es mía por no seguir la norma, ya es
demasiado tarde para cambiar ahora». Permítanme que me desahogue, es un favor
que les pido, porque me estoy ahogando con tanta miseria, engaños, corrupción y
tomadura de pelo.
Entre todos, hay un caso que clama justicia; el del teniente
Luis Gonzalo Segura de Oro-Pulido, que sigue preso, por denunciar la corrupción
en el ejército, en su novela Un paso al frente. No soy partidario del ejército
y menos si es corrupto, como denuncia el teniente. No es que sea partidario de
eliminar el ministerio de Defensa, como dice Pedro Sánchez, sino del ejército
mismo. A Luis le han emplumado de nuevo otros dos meses de arresto (Publico 11 diciembre), por decir que él no entraría en
Catalunya, contrario a lo que se viene clamando, dicen, en los cuartos de banderas
de los cuarteles de siempre. El ejército es guerrero y no una ONG, pese a lo
que pretenden aparentar y no sabe convivir en la paz y en el derecho
democrático de los pueblos a decidir. La fuerza de Luis, por denunciar los
privilegios de la casta militar, es admirable.
Ahora sale Rajoy diciendo que la crisis ha terminado. «En
muchos aspectos es historia pasada, ya se nota en los salarios». ¡Canalla! Además
de mentira es una falta de responsabilidad, desvergüenza y cinismo, faltando el
respeto a los millones de personas que sufren por sobrevivir. Algunos datos y
señales que dan frío. Si se incluyera a las personas «desanimadas», que la EPA excluye
de su concepto de parado, el desempleo lo sufrirían 7.013.678 personas, según
cálculos de Llorenç Pou Garcias (Nueva Tribuna 3 de agosto). Sube la tasa de pobreza
energética, las familias que destinan más del 10% de su renta a la luz y el gas
alcanzan el 16,6% y el 9% no puede mantener una temperatura adecuada (El País 27 marzo). El paro registrado afecta a 4.512.000
personas (MEySS 2 diciembre). La deuda pública alcanza el record
histórico de 1,020 billones, el 96,8% del PIB (Expansión 12 diciembre). El 27,5% de los niños vive en riesgo
de pobreza; 1.789.400 hogares tiene todos sus miembros sin trabajo (El Mundo 23 octubre); la tasa de paro juvenil es del 53,8%;
los salarios bajando y los precios en caída libre, rayando la deflación y la
depresión económica (El Plural 13 diciembre); los desahucios aumentando (el Diario.es 23 diciembre) y el salario mínimo en 645,30 €.
El 40,6% de los españoles vive en la precariedad, el 24,2%
sufre exclusión moderada y el 10% en severa marginalidad; sólo el 34,3% vive
sin carestías esenciales, según Cáritas (El País 28 de octubre). España el país de la OCDE en el que
más ha aumentado la desigualdad y ahora la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico insta a atajar la desigualdad para favorecer el
crecimiento (El País 9 de diciembre). Como dice mi amigo Pareja en El
Plural (14 diciembre): «Para todos ellos la crisis es,
efectivamente, historia; para la mayoría, si no hacemos algo pronto para
solucionarlo, será desgraciadamente histórica». Pese a todo, quizás Rajoy diga
verdad, al decir que la crisis ha llegado a su fin, aunque yo tengo una visión
diferente a la del presidente. Ya lo dije en Cuarto Poder (27 de julio de 2013): «Es lo que querían. Es su modelo».
Por si fuera todo poco, nueva trama. El Consejo General del
Poder Judicial ha convocado a concurso la plaza que ocupa el juez Ruz en el juzgado
número 5 de la Audiencia Nacional. Todo parece premeditado, para que la Gürtel quede
en nada, por la financiando ilegal (presuntamente) del Partido Popular (prometo
no repetir el «presunta» otra vez, porque sería cansino, además de falso). Según
fuentes cercanas al juez, no pedirá la prórroga en marzo; nadie es más
consciente que él de los riesgos que se ciernen sobre el caso Gürtel. «Si
siempre estaban latentes, ahora más que nunca», dice Ernesto Ekaizer (blog Analítica 11 dediciembre). Podríamos estar ante otro caso de financiación ilegal del PP
que quedaría sin juzgarse, como el Naseiro, archivado por el Tribunal Supremo,
a causa de irregularidades de instrucción del sumario. (Me adelanto a la puntualización:
el caso Filesa, se juzgó y hubo condenas). El PP hace trampas, cuando le van
mal las cosas con la justicia, cambia las reglas durante el tiempo de juego y
hasta de jueces como Garzón o Silva. Mientras siga Ruz con la causa, debería
procesar a todos los implicados y abrir juicio oral, como corresponde.
El jueves pasado y en solitario, el PP, haciendo uso legal
pero no legítimo de su mayoría absoluta y falseando datos sobre disturbios
violentos, para justificar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobó
la Ley Mordaza, que de hecho significa un recorte en las libertades y «una
amenaza para los Derechos Humanos» (Amnistía Internacional). Esta reforma sustituye a la
denodada «ley de patada en la puerta», que de por sí ya era un retroceso en las
libertades. Es una reforma innecesaria que restringe las libertades ciudadanas
y significa el regreso al antiguo Tribunal de Orden Público franquista. La ley
que criminaliza las protestas, recorta los derechos fundamentales de expresión
y manifestación, convirtiendo a la ciudadanía en criminales, por protestar en
favor de los derechos y contra los recortes sociales. Como dice Patricia
Hernández el PP «tiene alergia a los derechos civiles» (Diario Progresista 14 diciembre), y a todos los derechos y
libertades, añado yo. La oposición de izquierdas, tiene que ejercer un boicot
parlamentario. No es suficiente manifestar que se derogará cuando se llegue al
gobierno; no vale con votar 'no' o abstenerse; hay que ausentarse, para no
legitimar, aun mudos, con la sola presencia, la aprobación de leyes injustas.
España vuelve a ser una dictadura y Rajoy un dictador. Avanzamos hacia el
pasado.
En relación con las Víctimas del franquismo, el PP en el
Senado, ha rechazado la moción del PNV, apoyada por el resto de grupos, para reanudar
la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, tomar medidas para reconocer a
las víctimas del franquismo y colaborar en la recuperación de los
desaparecidos. El PP, no solo no quiere investigar la corrupción que le cerca,
sino que como buen heredero del franquismo, se niega a reconocer los crímenes
que están ocultos en fosas comunes y en cunetas de los caminos. «A todas las
víctimas les debemos un compromiso y eso tratamos de buscar con esta moción»,
decía desde la tribuna el ponente Jokin Bildarratz. Dice el senador Alejandro
Muñoz-Alonso «No hemos hecho comisión de la verdad ni falta que nos hace». Es
comprensible la actitud del PP: cómo va a tener compromiso con las víctimas del
franquismo, si no lo tiene con los enfermos crónicos actuales ni con las
personas dependientes ni con los ancianos ni las personas desprotegidas. Más de
100.000 dependientes han muerto sin haber recibido las ayudas (La Sexta 8 diciembre). Parece como si estuvieran aplicando
su particular «Solución final». Recuerdan a Patricia Flores, ex viceconsejera
de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, cuando
dijo «¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?» (Público 3 febrero 2012). Lo que digo, exterminio es lo que hacen.
Y con las mismas malas artes, llega el ministro (de la
porra) Fernández Díaz, con la caridad opusiana que le caracteriza, dirigiéndose
a los críticos con las devoluciones en caliente, propone enviar a los
inmigrantes de la valla a casa de quienes los defienden: «Que me den la
dirección y les enviamos a esta gente» (Tele5 11 diciembre). Palabras de un indeseable. Todavía no
ha dimitido, porque no tiene vergüenza, ni él ni el presidente del gobierno que
le mantiene. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido a
España que de explicaciones sobre la devolución sumaria de inmigrantes en Ceuta
y Melilla, por la violencia policial en la represión de los saltos en las
vallas fronterizas y las denuncias de malos tratos a inmigrantes en los Centros
de Internamiento de Extranjeros (Europa Press 2 noviembre). El gobierno que tan sumiso
cumple las directrices económicas que le dan desde instancias internacionales
—UE o FMI—, da la callada por respuesta, violando los DDHH, incumpliendo entre otros,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Lo de Rodrigo Rato es para que ya estuviera en la cárcel
preventivamente, para evitar su huida y otros males. El informe realizado por los
peritos designados por el Banco de España, a petición del juez que instruye el caso
Bankia en la Audiencia Nacional, viene a decir que cuando salió a Bolsa, las cuentas
presentadas «no expresaban la imagen fiel» del banco, que pasó en tan solo unos
días —tras la dimisión Rato en 2012—, de unos beneficios de 309 millones de
euros a reconocer un agujero de casi 3.000 millones (InfoLibre 4 diciembre). Rato y su equipo falsearon las
cuentas, inflando su valor, para facilitar la venta de acciones y eso les va a
costar la cárcel.
El Código Penal (art.282 bis) establece que «Los que, como
administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores
negociados en los mercados de valores, falsearan la información
económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera
instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y
difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos,
actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar
inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u
obtener financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de
prisión de uno a cuatro años», pudiendo llegar hasta los seis, si el perjuicio
fuera de notoria gravedad (art.308).
Espero que no se coma el turrón en casa. Le imagino en el trullo, de capo carcelario, preparando la cena del 24 en el chabolo, rodeado de presos de su
confianza, con mandil y empalmao con cuchilla
de afeitar, preparando la manduca, fileteando
ajos tan finos para que se derritan en la sartén, como en la escena de «Uno de
los nuestros». Pero el ex director del Fondo Monetario Internacional —que parece
no es tan buen gestor—, no es el único culpable. El Banco de España y los
directivos de entonces, la CNMV y la auditora Deloitte —que certificó 309
millones de ganancias, en lugar de 3.000 millones de pérdidas—, son cómplices
necesarios de la estafa de Bankia. En este caso, el delito de «maquinación para
alterar el precio de las cosas» es de libro. Se estudiará como ejemplo en las
facultades de derecho.
Y que decir de Cristina Federica de Borbón y Grecia, imputada
por ser cómplice de su marido Iñaki Urdangarín, que si los jueces no lo
remedian «tu te comes solito el marrón» pactado en famiglia. Cristina ha sido participe a título lucrativo y se
benefició de los fondos que evadió su marido, además de cometer un delito
fiscal por impago de IRPF, pero ella no sabe nada. El fiscal acusa a Urdangarín
de ocho delitos castigados con más de 19 años de cárcel, su señora de rositas.
Los delitos que se le imputan son los de prevaricación, malversación de
caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, falsedad
en documento público y en documento mercantil, falsedad en documento mercantil
y dos delitos fiscales (El Plural 8 diciembre). Al ex socio Diego Torres se le
imputan siete de estos delitos. El Ministerio Público acusará a la mujer de
Torres, de un delito de blanqueo de capitales y exculpará a la Infanta por ser
quien es, como muestra de que la justicia no es igual para todos y menos si
eres miembro de la familia real; todo un ejemplo de desvergüenza, rayando la
prevaricación.
El rey padre y el rey hijo encantados. La Historia tendrá
que juzgar a esta familia que según todos los indicios, tiene una fortuna
estimada de alrededor 2.300 millones de dólares (unos 1.680 millones de euros),
según el New York Times en 2012. El canal NBC, calcula la fortuna de Juan Carlos I en unos 2.000
millones de euros. En 2003 la revista Euro Business situaba al monarca entre los europeos más
ricos (en la posición 112) con un patrimonio total de 1.700 millones de euros. «A
falta de cifras oficiales, las estimaciones que hacen medios internacionales de
prestigio oscilan casi todas en unos rangos similares y situarían al rey como
una de las personas más ricas de España» (20minutos 4 de junio). ¿Cómo han conseguido tantísimo dinero?
No hay transparencia, sí mucha opacidad y secretismo; datos inviolables como la
persona del rey y excesivos privilegios que algún día tendrán que acabarse.
Comencé a escribir estas líneas con enfado, indignación y
asco. Con tanto robo, estafa y fraude no es para menos, aunque ahora estoy más desahogado;
gracias por permitírmelo. Termino donde dejé la canción de Olvido «Me mantendré
firme en mis convicciones, reportaré mis posiciones», para quién le interese.
Mi destino lo elegí yo y en el sigo; por convicción, por dignidad, hasta que el
cuerpo aguante.
Víctor Arrogante
En Twitter @caval100
