España: Una democracia “bananera”


Son múltiples los acontecimientos y circunstancias que casi a diario percibimos y que nos hacen pensar que estos últimos 40 años de democracia, desde la Transición aquí, no nos han conducido hasta ahora a buen puerto.

Rafael Silva Martínez | Contrainformación.es

Con desprecio y hacia países pobres o del “Tercer Mundo” se ha usado este calificativo para desmerecer a sus respectivas democracias, para denunciar sus tropelías, sus deficiencias o sus contradicciones. La verdad es que, como afirman Luis Alegre y Carlos Fernández Liria en uno de sus textos, la Democracia (así, con mayúsculas) no ha llegado realmente a consolidarse todavía en ningún sitio del mundo. Pero el asunto es que reconocemos como democracias “avanzadas” a perversos sistemas como el de Estados Unidos, tildamos como “dictaduras” a Gobiernos como el venezolano que han ganado muchas más elecciones y referéndums que nuestros partidos políticos, y nos aplicamos a nosotros mismos el calificativo de “democracia”, cuando en realidad tenemos bien poco de ella. Y no por sufrir enormes deficiencias en las diversas facetas que componen una democracia real (democracia representativa, democracia participativa, democracia revocatoria y democracia económica), sino porque un montón de circunstancias de diferentes tipos, que vamos a comentar, convergen en nuestro sistema pseudodemocrático despojándolo de sus características fundamentales. No podríamos circunscribirlo a un hecho concreto, sino que como decimos, son múltiples los acontecimientos y circunstancias que casi a diario percibimos y que nos hacen pensar que estos últimos 40 años de democracia, desde la Transición aquí, no nos han conducido hasta ahora a buen puerto.

Veamos tan sólo unos cuantos ejemplos, para no cansar en demasía a nuestros lectores y lectoras. Nuestra Constitución de 1978 (esa que tanto alaban las fuerzas políticas que se autodenominan “constitucionalistas”) prevé el instrumento de la Moción de Censura cuando se dan ciertas circunstancias durante una legislatura, sin embargo, al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha accedido al poder mediante este mecanismo, esas fuerzas políticas le llaman “presidente ilegítimo”, “presidente okupa”, y otras cosas por el estilo. Tuvimos un monarca que cuando abdicó en 2014 en favor de su hijo, el actual Rey Felipe VI, se le adscribió a la categoría de ¡Rey Emérito! (¿?). Se entiende que perdió su protección de inviolabilidad e irresponsabilidad, pero aún así, cuando salen a la luz pública determinados hechos que ponen en entredicho su actividad institucional, las Cortes Generales continúan protegiéndolo, y se niegan siquiera a abrir una Comisión de Investigación al respecto. Tenemos unas instituciones y unos poderes fácticos donde la corrupción campa a sus anchas, y donde cientos de casos inundan juzgados y tribunales, afectando a altos cargos de los principales partidos, prostituyendo las funciones de representación popular, y alterando los flujos éticos de información con el único fin de acaparar influencias, control, poder y riquezas. Todo ello, como cualquiera mínimamente sensato puede comprender, afecta a la calidad democrática de nuestro país.

Tenemos unos medios de comunicación dominantes que ponen el foco donde les interesa, silenciando otros asuntos, opiniones y conflictos que no consideran dignos de repercusión social. Por ejemplo, mientras todos ellos nos contaban estos días la huelga de jueces y fiscales, o las de los funcionarios de prisiones, han silenciado la huelga de presos que también está teniendo lugar, quizá porque no les interesa hacerse eco de las demandas de dicho colectivo. La calidad democrática de un país también se mide por la calidad y fiabilidad de sus medios de comunicación, y aquí volvemos a suspender. Por su parte, la separación de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es en nuestra “democracia” una broma macabra. En realidad, los tres poderes están supeditados a otro poder distinto, que es el poder económico, que se expresa fundamentalmente en el poder de la gran banca privada. Puede comprobarse en multitud de casos, sentencias, decisiones y acontecimientos. Y como ya dijera sabiamente José Saramago: “Si quienes gobiernan son los poderes económicos…¿qué hacemos hablando de democracia?”. El Poder Judicial está ampliamente desacreditado. Tenemos por ejemplo unos actores, blogueros, tuiteros, cantantes o titiriteros que se ven denunciados o juzgados simplemente por emitir opiniones o críticas a las instancias del poder, quedando la libertad de expresión peligrosamente recortada, a la vez que se permite la exaltación pública de una dictadura sangrienta y represora como la franquista. Tenemos una “democracia” que cuando plantea sacar al dictador de un faraónico mausoleo después de 43 años de su muerte genera una explosión de enaltecimiento fascista, una reacción de sus descendientes y unas declaraciones surrealistas de la Iglesia Católica. Lo último en este sentido ha sido la solicitud del PP para ilegalizar organizaciones “comunistas y populistas” como condición para condenar el franquismo. Algo absolutamente insólito.

Pero no acaban aquí las tropelías de nuestra madura “democracia”. Tenemos un senador al que se le destapa un mensaje de móvil donde dice que controlarán la Sala Segunda del Tribunal Supremo “desde atrás”, después de explicar a su grupo parlamentario con vergonzante sinceridad cómo se nombran y para qué sirven los jueces en nuestro país, los vocales y el Presidente de la instancia judicial más importante. O por ejemplo, tenemos unos grupos políticos en Cataluña que cuando plantean la soberanía de su pueblo, su derecho a decidir su encaje político en el resto del Estado Español, y organiza un referéndum popular para ello (después de arduos años donde el Gobierno del Estado se negaba rotundamente a negociar nada de ello), el pueblo es apaleado brutalmente, y se aplica un artículo previsto en la Constitución mediante el cual se destituyen todos sus gobernantes, se intervienen sus instituciones, se encarcela preventivamente a sus líderes acusados de perversos delitos de sedición y rebelión, y se provoca el exilio de algunos de ellos para internacionalizar el conflicto. Y los asuntos de nuestra democracia tampoco escapan al ámbito religioso. Religioso católico, queremos decir. La laicidad, otro puntal de una buena democracia, también salta por los aires. Porque por toda nuestra geografía patria, a lo largo y ancho de nuestros pueblos, en muchos de ellos las actividades políticas se amalgaman con la fe y las creencias, ofreciéndonos bochornosos espectáculos, que tienen más que ver con alguna tribu perdida sumida en sus atávicas creencias que con un país avanzado y democrático.

Sí, porque en nuestro país la ciencia, el conocimiento y la ética están siendo sustituidas muchas veces por las creencias religiosas, que a tenor de los suculentos ejemplos que podemos poner, dejan en entredicho la perversa influencia de la Iglesia Católica en suelo patrio. Ya no es sólo que se celebren las típicas fiestas populares donde se realizan ofrendas a sus patronos y patronas (Cristos y Vírgenes varias), sino que, por ejemplo, a una Virgen se le viste con el mantón de la Falange Española, o se imponen Medallas de Oro de la ciudad a determinadas imágenes religiosas (como recientemente ha ocurrido en una localidad gaditana, hecho denunciado por Europa Laica), porque se argumenta que antaño fueron las responsables de erradicar epidemias de peste, de fiebre amarilla, o de evitar maremotos. Es típica por tanto la estampa de un Alcalde o Alcaldesa concediendo dichas medallas a estas Vírgenes o Cristos, y reconociéndolas como máximas autoridades de la ciudad o pueblo en cuestión. Esto ya es de una democracia aberrante, pues conceder dichos honores municipales bajo creencias animistas religiosas supone un desprecio mayúsculo a las propias instituciones públicas que representan a toda la ciudadanía. Pero, como diría aquél hidalgo de la Mancha: “¡Con la Iglesia hemos topado, Sancho!”. O como ha dejado dicho el genial Isaac Rosa: “La democracia se ha convertido en un deporte de riesgo por falta de ejercicio”. Saquen ustedes sus conclusiones sobre nuestra “madura democracia”.

Rafael Silva, Profesor de Nuevas Tecnologías de la FPE. Analista Político.


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