Víctor Arrogante y Alberto Vila | Eco Republicano
Hanna Arendt, que en su obra reflexionó sobre el
totalitarismo en los años 50 del siglo XX, sobre la crisis de la tradición
humanística en los años 60, y sobre la legitimación de la violencia en los
movimientos de protesta de los años 70, es una voz autorizada para
contextualizar a estos cachorros provocadores, carentes del talento suficiente
para alcanzar niveles aceptables de responsabilidad política. Inclusive
considerando su concepto de la "banalización de la violencia".
El grado de calculada violencia que provocan con sus
mentiras los líderes de la nueva derecha, acerca de nuestro trágico pasado, es
equiparable a la misoginia, la homofobia y la xenofobia de la que hacen alarde.
Así, se ausentan del debate político que nos haga un país más culto, mejor
preparado en lo tecnológico y con claras recompensas al talento, del que
carecen, para domiciliarse en alentar el enfrentamiento, promover noches de los
cristales rotos y apoyar la ocupación amenazante, cuando no violenta, de los
espacios públicos. Por su carácter instrumental, la violencia siempre necesita
herramientas, armas y tecnología, pero en cuánto acción tiene resultados
impredecibles. Esa será su responsabilidad, aunque los medios del régimen sólo
aprecien violencia en las expresiones opuestas.
De lo que debemos reflexionar es si este Estado está
moralmente capacitado para cumplir con su finalidad. Hablamos de la relación
entre poder y violencia. Porque uno de los atributos del Estado es monopolizar
la violencia, como medio para garantizar la convivencia entre todos los
ciudadanos. Ahora bien, si ese Estado no es capaz de neutralizar
manifestaciones como las vividas en templos, plazas y calles, expresando las
virtudes de un genocida desde organizaciones que justifican el exterminio
masivo, es que su capacidad para desempeñarse se ha diluido.
La historia reciente de España está en proceso de revisión y
son las derechas, de toda la vida, con caras nuevas y no tanto, quienes
pretenden hacerlo para blanquear sus hábitos. De aquellos polvos, estos lodos.
Una de las leyes aprobadas durante la Transición fue la Ley de Amnistía. Las Cortes se apresuraron en promulgar la ley en octubre de 1977
(las elecciones se habían celebrado el 15 de junio), con el loable fin de poner
en libertad a los presos políticos que todavía quedaban en las cárceles.
Aquella ley significó lo que vino en llamarse un "pacto del olvido".
No solamente se amnistiaba a los presos encarcelados por delitos "de
motivación política", incluidos los "de sangre", sino que ha
permitido no perseguir ni juzgar los crímenes cometidos por el franquismo y sus
dirigentes sanguinarios.
La Ley de Amnistía no contó con el respaldo de Alianza
Popular, como ahora sus sucesores en el Partido Popular y Ciudadanos, han
rechazado la moción del Grupo Socialista en el Senado de condena del
franquismo. El Senado aprobó la moción que también pide la prohibición de las
fundaciones que exalten el fascismo y muestra el respaldo para exhumar a Franco
del Valle de los Caídos.
Con la ley de 1977, se trataba de dar por acabada una
reivindicación muy antigua de la oposición antifranquista. El problema que se
plantea ahora es que aquella amnistía, viene a amparar a las personas que
cometieron delitos durante la represión franquista, por las violaciones de los
derechos humanos cometidas por los aparatos de represión de la dictadura. La
izquierda favoreció esta especie de "pacto del olvido", que no de
amnesia colectiva, sino de "echar al olvido", según Santos Juliá.
Lo cierto es que la violencia viene ejerciéndose desde una
de las partes del tapiz, provocando a quienes legítimamente protestan, para
hacer ver y resaltar una situación de injusticia, de pérdida de derechos y
libertades. Quienes ejercen la violencia o quienes acusan de violencia a la
otra parte, lo que hacen en realidad es provocar, con el ánimo de que los
provocados actúen violentamente, para así justificar la contundencia la
represión que desean.
Y en estas estamos, cuando reaparece, en estado de promoción
de su último libro, el expresidente Aznar, para calmar los ánimos. Asegura que
España estará "atascada" hasta que no se resuelva el
"golpe" en Cataluña. A su entender, "alguien tendrá que decir
hasta aquí hemos llegado, se acabó". Compara la situación con el golpe de
Estado de octubre de 1934. Se atreve a decir incluso que es "muy
difícil" situar a los socialistas en el ámbito de los constitucionalistas,
advirtiendo que solo si gana el "centroderecha", que está
fragmentado, se podrá mantener el orden constitucional.
Entre unas cosas y otras, podríamos llegar a ser
considerados un "estados fallido". Noam Chomsky señala como estados
fallidos a aquellos que "padecen un grave déficit democrático que priva a
sus instituciones de autentica sustancia". Después del escándalo del que
ha sido protagonista la Justicia, por los manejos políticos de alcance, en la
negociación para la renovación del Poder Judicial y la renuncia de Marchena a
presidir el organismo, así como el bloqueo en Las Cortes, por el PP y el PSOE a
la renovación, han puesto a la institución al borde del precipicio; además de
la reprobación, por tercera vez, de la ministra de Justicia, como ha ocurrido
esta semana. Para resaltar más la inestabilidad, no podemos dejar de mencionar,
que Pablo Iglesias da por rota la mayoría de la moción de censura, porque
"No se puede gobernar por decreto con 84 diputados".
En el mismo orden de crisis por la que pasa el Estado, está
la bronca en el Congreso entre el diputado de ERC Gabriel Rufián y el ministro
Borrel, acompañado de un supuesto "escupitajo", que ha tapado el
verdadero debate que se mantenía, que ha pasado desapercibido y nadie recuerda
el tema del que se trataba en la sesión de control al Gobierno. Por último y
abundando en la crisis, está la convocatoria de las consultas populares
convocadas por organizaciones municipales y más de veinte universidades, en las
que se pregunta sobre la preferencia del modelo de Estado, si
"Monarquía" o "República". Lo que no se preguntó en 1977,
la ciudadanía se organiza y responde.
El diario The New York Times situó a España entre las democracias
europeas que se derrumban, según un análisis de los politólogos Michael
Albertus y Victor Menaldo. Señalan, que en los modelos de transición desde la
dictadura a la democracia, como ocurrió en España: "Las instituciones
democráticas han sido diseñadas a menudo por el régimen autoritario que
terminaba, para salvaguardar a las élites que están en el poder del Estado y
ayudarles en la política para después de la democratización". El
franquismo, que nunca se fue, diseñó la "Monarquía del Movimiento",
ahora se apropian de la Constitución con ánimo de manipulación
Hanna Arendt, nos dice que allí donde hay comunidad
política, hay poder, y no necesita justificación, sino legitimidad de origen. "El
poder surge allí donde las personas se juntan y actúan concertadamente, pero
deriva su legitimidad de la reunión inicial más que de cualquier acción que
pueda seguir a ésta". Por eso, según ella, la legitimidad mira al pasado,
la justificación al futuro, a un fin que se encuentra alejado. El pasado es la
victoria del 39. El futuro es radicalizar la toma del poder y consolidar las
instituciones neofranquistas. Entre estas últimas podríamos contar a la Iglesia
Católica que ha dado cobijo a los mantos franquistas que cubrieron a las
vírgenes de los templos.
A través de la violencia de los grupos extremistas, que en
España ha aumentado en los últimos tiempos, y actuando con cierta impunidad, ejercen
de punta de lanza. De otra parte, la actuación parcial y arbitraria del Poder Judicial
y el desprestigio de la política responsable, el Sistema se aleja del modelo de
las democracias liberales, para acercarse a las democracias fallidas.
Víctor Arrogante y Alberto Vila
En Twitter @caval100 y @reseneka