Unidos Podemos exige al Estado que repudie de forma solemne la dictadura de Franco

Unidos Podemos exige al Estado que repudie de forma solemne la dictadura de Franco
El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea va a presentar más de 60 enmiendas parciales a la reforma de la Ley de Memoria Histórica que ha impulsado el gobierno para activar la exhumación de los restos del dictador. La mayor parte de estas enmiendas están basadas en el proposición de Ley Integral de Memoria Democrática que elaboro y registró Izquierda Unida, en el Congreso, el pasado 29 de junio.


Según informa la Cadena SER, el plazo (prorrogado) para la presentación de enmiendas termina mañana, aunque fuentes parlamentarias no descartan que el PP y Ciudadanos vuelvan a pedir a la Mesa del Congreso una nueva prorroga, retrasando una semana más la tramitación de esta reforma.

Para el grupo parlamentario de Unidos Podemos una de las prioridades de esta ley debe ser que se repudie y condene de manera solemne el golpe de Estado militar del 18 de Julio de 1936 y la posterior dictadura franquista por parte de los poderes e instituciones del Estado.





Valle de los Caídos

El grupo parlamentario de Unidos Podemos propone la resignificación de todo el complejo para convertirlo en un lugar de memoria en el que se explique los crímenes del franquismo. Para lograr esa resignificación se abrirá un concurso público internacional. Se promueve, también, la demolición de la cruz del Valle de los Caídos, entre otros símbolos y que este espacio se conecte con otros lugares de memoria europeos, con el objetivo de ubicar El Valle de los Caídos en el marco europeo de memoria en repudio del fascismo y el nazismo. El nombre pasará a ser Valle de Cuelgamuros.

Exhumación de Franco

Otra de las enmiendas recoge que los restos de Franco y de Primo de Rivera deberán ser exhumados y retirados del Valle de los Caídos para ser trasladados a un emplazamiento de carácter privado, sin que haya posibilidad de que los restos sean depositados en espacios de uso público o en aquellos lugares que por su ubicación, construcción o interés turístico puedan convertirse en un lugar de conmemoración, homenaje o enaltecimiento de la dictadura, sus dirigentes o el fascismo. La exhumación y traslado de los restos se hará en la intimidad familiar, sin honores fúnebres militares o celebración de ningún tipo de acto oficial. Si los familiares no designan un lugar para depositar los restos acorde a los criterios anteriormente fijados, será el gobierno el que designe el emplazamiento final.

Infracciones y sanciones

Unidos Podemos y sus confluencias proponen multas de entre 50 y 50.000 euros en función de la gravedad, para quienes cometen las infracciones recogidas en la Ley de Memoria Histórica. Se consideran infracciones muy graves la realización de excavaciones sin la autorización prevista en el reglamento y amparar o permitir en locales o espacios púbicos o privados abiertos al público actos de homenaje a la dictadura franquista, o donde se incite directamente a la violencia, persecución u hostilidad contra grupos o colectivos vulnerables por razón de género, ideología, orientación sexual, origen étnico y nacional. También se contempla el cierre o clausura de dichos locales o espacios públicos.

Desapariciones, exhumaciones y bebés robados

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea propone la creación de una Fiscalía Especial para la investigación de las desapariciones forzosas y los bebés robados. Insta al gobierno a que cree esta fiscalía en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley. En el caso de los bebés robados se propone la existencia de una normativa específica para impulsar su investigación, salvaguardando así la necesidad de protección de las víctimas.

Amparándose en el principio de imprescriptibilidad de los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, se insta a los órganos judiciales competentes a de manera obligatoria localicen, busquen, exhumen e identifiquen a los desaparecidos. Con esta fórmula se quiere garantizar el derecho de las víctimas a impulsar en todo momento las investigaciones necesarias para aclarar y resolver las desapariciones forzosas cometidas durante el franquismo.

Consejos de guerra, sentencias y ley de amnistía

Unidos Podemos quiere que se anulen y en consecuencia se dejen sin efecto jurídico, todos los consejos de guerra y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas por el régimen franquista desde el 17 de julio de 1936. Según este grupo parlamentario, el principio de seguridad jurídica por el que no se admite su nulidad, no puede estar por encima del principio de justicia y del derecho.

Además quiere que se declaren nulos varios apartados de la Ley de Amnistía, por ser contrarios al derecho internacional, en concreto, respecto a la imprescriptibilidad y prohibición de amnistía de los crímenes internacionales como son los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.

Derogar Concordato con el Vaticano

Unidos Podemos insta a derogar el vigente concordato con la Santa Sede firmado en 1953 y los acuerdos que lo renovaron en 1976 y 1979.

Su propuesta es impulsar un nuevo acuerdo bilateral "basado en los principios de laicidad e igualdad entre mujeres y hombres", enmienda con la que quieren denunciar también el papel "desempeñado por la Iglesia Católica como eficaz colaboradora del bando que se sublevó contra la Segunda República y de la posterior dictadura franquista".

"No puede permitirse mantener en la actualidad unos acuerdos que suponen beneficios y privilegios para la Iglesia católica en un Estado oficialmente aconfesional”, especialmente cuando esta institución religiosa fue “eficaz colaboradora del bando que se sublevó contra la Segunda República y de la posterior dictadura franquista, en especial por parte de los estamentos eclesiásticos mejor posicionados jerárquicamente”.

Instituto de la memoria democrática

Se propone la creación de El Instituto de la Memoria Democrática, un departamento vinculado a Presidencia del Gobierno y que se encargará de implementar la políticas públicas de memoria en el Estado español, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas.

Fuente: Cadena SER
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