Unidas Podemos ha presentado un ambicioso programa electoral para un nuevo país. La formación morada plantea medidas para acabar con la corrupción, sanear la democracia, reducir aforamientos y acabar con la irresponsabilidad del Rey. Además, propone limitar el sueldo de todos los diputados, reconocer el derecho de sufragio a partir de los 16 años y recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. También proponen poner orden en el oligopolio energético para que la factura de la luz sea más barata y justa.
Estas son algunas de sus propuestas:
Plan Nacional contra la Corrupción, con el que impulsaremos una reforma del Código Penal para introducir el delito relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción, sí hayan obtenido un beneficio de estos, así como un tipo agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se cometan a través de partidos políticos. Este plan incluirá también una ampliación de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. El plan estará coordinado por un organismo independiente del poder político, integrado por perfiles técnicos de la Administración y actores relevantes de la sociedad civil en esta materia, para prevenir la corrupción, asesorar al Poder Judicial y asegurar medios seguros de denuncia y protección a quien se comprometa en la lucha contra la corrupción. Se prestará asesoramiento técnico y formación actualizada a los agentes especializados en la prevención y persecución de la corrupción y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público; y, asimismo, se ofrecerá protección real a quienes denuncien, pues casi siempre se enfrentan en solitario a la maquinaria de la corrupción con graves consecuencias, al tiempo que se habilitarán formas seguras y veraces de denuncia para proteger la identidad de las personas que denuncien.
Suprimir los aforamientos y acabar con la irresponsabilidad del Rey. La proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos de sus miembros. Por eso, iniciaremos una acción articulada para la supresión de aforamientos desde las comunidades autónomas y el Estado. Al mismo tiempo, trabajaremos en una reforma constitucional para eliminar el privilegio judicial más grave, que es la ausencia de responsabilidad del Rey, establecida en el artículo 56.3 de la Constitución, así como el hecho de que, en pleno siglo xxi, la justicia se siga administrando bajo la fórmula arcaica de «en nombre del Rey», cuando, en realidad, esta emana del pueblo. Asimismo, pondremos en marcha una comisión de investigación sobre los negocios de la monarquía con el objetivo de determinar si, por ser irresponsable, es una institución idónea para nuestra democracia.
Eliminar los privilegios de los cargos electos. Acabaremos con los privilegios de los cargos electos (diputadas, diputados, senadoras y senadores), tanto de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus respectivos mandatos. Asimismo, rebajaremos las retribuciones de los miembros electos de las Cortes, de manera que en ningún caso sea superior a la de los cuerpos de funcionarios del Estado, y revisaremos los complementos económicos (gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etcétera). Estableceremos mecanismos de control de las dietas y los desplazamientos y eliminaremos las indemnizaciones por cese, las llamadas «pensiones de oro» de los exparlamentarios, de modo que sus derechos sean como los del resto de las personas trabajadoras.
Reformar la ley electoral para atender al principio de «una persona, un voto» y aumentar la proporcionalidad del sistema. Sustituiremos la fórmula de reparto de escaños D’Hondt por la de Sainte-Laguë, más proporcional. Con este cambio en la ley electoral, atenuaremos la diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que obtiene cada partido y, con ello, las desigualdades en el valor del voto y la representación
Listas cremallera en todos los procesos para garantizar la presencia de mujeres en las instituciones. Superaremos la regla de paridad que introdujo la Ley de Igualdad (40-60 %) al hacer obligatorio un sistema de listas cremallera, que solo se romperá si beneficia a las mujeres. Así, garantizaremos que al menos la mitad de las personas con posibilidad de ser representantes políticas sean mujeres.
Reformar la ley electoral para hacer el Senado más proporcional. Sustituiremos el sistema mayoritario actual —que hace que, por ejemplo, el PP tenga un 62 % de los senadores
y las senadoras de elección directa con poco más del 30 % de votos— por un sistema más justo, similar al del Congreso.
Garantizar el voto de quienes están fuera derogando el voto rogado. Reformaremos de manera urgente la ley electoral para eliminar la carrera de obstáculos para votar que se impuso en 2011 contras los y las compatriotas en el extranjero y que PP, PSOE y Cs no han querido quitar, lo que ha hecho que el voto de las personas que residen fuera de nuestro país haya caído desde el 31 % previo a la reforma de 2011 hasta cifras del 4 % y el 6 % en las últimas elecciones generales.
Reconocer el derecho de sufragio a partir de los 16 años. Frente al discurso conservador que dice que la juventud no se interesa por la política, estos meses hemos visto las calles llenas de jóvenes defendiendo el feminismo el 8M y la lucha contra el cambio climático el 15 de marzo. La juventud quiere un país mejor y debe poder participar. Además, a partir de esta edad, se les reconoce la capacidad para realizar actividades como trabajar, emanciparse o conducir, por lo que no está justificado restringirles el voto.
Recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Esto la ha llevado a inscribir a su nombre bienes que —como se sabe— son de toda la ciudadanía, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos que mantienen en realidad los vecinos y vecinas, pero también edificios civiles, como quioscos y plazas. La salud democrática de nuestro país exige que esto se revise a fondo.
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