Juan Carlos I tuvo que cerrar una cuenta que tenía en un banco de Ginebra en el año 2012 mientras seguía siendo Jefe del Estado porque Suiza, tradicional destino de cuentas ilícitas, se vio obligada a endurecer su legislación.
El dato consta consta en la comisión rogatoria internacional que la Fiscalía suiza remitió al juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, el pasado agosto y de cuyo contenido informó este lunes El País.
El escrito del fiscal, Yves Bertossa, informa de que la cuenta de la Fundación Lucum cerró “por la nueva legislación fiscal suiza" y añade que el entonces jefe del Estado ”firmó una orden de transferir el saldo de la cuenta de Lucum a Corinna Larsen a nombre de la sociedad Solare Investors Corporation en el banco Gonet y Cie en Nassau (Bahamas)".
En ese momento la pareja sentimental de Juan Carlos I, Corinna Larsen, guardó los fondos de la Fundación Lucum, que tiene como segundo beneficiario al actual jefe del Estado español, Felipe VI.
Al parecer el actual Jefe del Estado fue informado hace un año por los abogados de Corinna Larsen de su situación y entonces, según la Casa Real, acudió al notario para renunciar a la herencia de su padre. Un día después de que The Telegraph revelara los hechos en la prensa británica el pasado 14 d marzo, se producía la nota de Zarzuela donde Felipe VI informaba de su renuncia a la herencia.
Lo que permite aclarar la comisión rogatoria del fiscal Bertossa es que Corinna Larsen recibió en 2012 el total de la presunta comisión por la obra del AVE a La Meca que Juan Carlos I había recibido en 2008, en plena crisis económica en España. Se trataba de 100 millones de dólares unos 65 millones de euros.
Más tarde Larsen siguió moviendo los fondos y a finales de 2016 y en 2017 se llevó 39 de esos 65 millones de euros a una cuenta en Estados Unidos. El documento judicial suizo añade que parte del dinero lo invirtió en la compra y reforma de dos apartamentos en la estación de esquí suiza de Villars-sur-Ollon y a adquirir una mansión de 5.4 millones de euros en el norte de Londres.
De esta manera Bertossa investiga un presunto delito de “blanqueo agravado” de capitales y el supuesto pago de comisiones por la obra del AVE de Medina a la Meca construido por un consorcio de empresas españolas liderado por OHL. Según la exposición del fiscal, las adjudicatarias habían otorgado en su oferta una “rebaja del 30 por ciento" por la presunta intercesión del entonces Jefe del Estado, que se habría llevado los 64,8 millones de euros a cambio.
La comisión rogatoria detalla varias transferencias del rey a Corinna Larsen que ella describe como préstamos para reformar un comprarse una casa en Londres, préstamo que fue devuelto en 2010 ya que Corinna Larsen asegura que pudo devolver al rey el préstamo de casi 5 millones en 2010 porque recibió a su vez 4,6 del Estado de Kuwait. La transferencia del país árabe a Corinna Larsen se produce pocos días después de una visita del entonces Jefe del Estado al emir de Kuwait. La comisión rogatoria recoge una referencia a la otra fundación que tiene como segundo beneficiario a Juan Carlos I, la de su primo Álvaro de Orléans, radicada en Lichenstein y de nombre Zagatka.
Álvaro de Orleans aseguró al fiscal Bertossa que había pagado vuelos privados a Juan Carlos I por valor de 3 millones de euros, que los fondos procedían de él y de su padre y que también desde la cuenta suiza de esta fundación se transfirieron 150.000 euros a una cuenta de Larsen en el HSBC de Mónaco el 6 de julio de 2010.
Equipo de redacción de Eco Republicano.
