En 1975 la monarquía española nace de un déficit democrático, sin consultar al pueblo español mediante referéndum, siendo impuesta y cumpliendo la voluntad del dictador Franco. Por ende, la legitimidad de origen de la monarquía borbónica siempre fue cuestionada desde su restauración.
La monarquía heredó el sistema del régimen de Franco y mantuvo la estructura de poder, militar, religioso, social y económico. Sin la ruptura con el anterior régimen, se mantuvo el status quo de la dictadura franquista y su particular forma de hacer política, caracterizada por la falta de libertades y la corrupción.
En el año 1995, en el marco de una entrevista, el ex-presidente Adolfo Suárez reconoció off the record, que según las encuestas de la época los españoles preferían la República como modelo de Estado, por ese motivo no se sometió a referéndum y se introdujo la monarquía dentro de la Constitución de 1978.
Pese al escepticismo con que fue acogida, la monarquía fue protegida, normalizada y aceptada como pieza fundamental de la llamada Transición de la democracia a la dictadura. Durante décadas los medios de comunicación junto a la complicidad y permisividad de los Gobiernos bipartidistas, se esforzaron por transmitir una imagen idílica de la institución, silenciando y minimizando sus escándalos.
La llamada era digital vino a revertir aquella situación. Hoy en día se cuestiona toda una vida de lujos y privilegios, entre yates y fiestas; al dudoso papel del rey durante el 23F, se habla de supuestas comisiones por los barriles de petróleo, se pone en duda el origen de su fortuna personal, estimada en 1.800 millones de euros. Todo ello sumado a la condena por corrupción de su yerno Urdangarín, las 'aventuras' con Corinna, la cacería de Bostwana, las presuntas comisiones por el AVE Medina-La Meca en cuentas de Suiza y Panamá que están siendo investigadas desde la fiscalía del país helvético.
Las últimas revelaciones sobre los negocios financieros y vida privada del rey emérito Juan Carlos de Borbón han levantado una tremenda polvareda mediática, afectando a la credibilidad de la institución y situado a la monarquía al borde del precipicio.
En 2014 el rey Juan Carlos cedió la Corona a su hijo. En aquellas fechas el bipartidismo se aseguró que la figura del rey saliente se mantuviese "inviolable y no sujeta a responsabilidad". Sin embargo, las sospechas que recaen sobre el emérito pudieran ser objeto de un vació legal y terminar con el monarca sentado en el banquillo.
Esta cuestión pone en peligro la continuidad de la propia monarquía española, por lo que desde Moncloa y Zarzuela están tratando de desligar a Felipe VI de los negocios financieros de su padre, con el objetivo de que no caiga la monarquía y evitar un periodo constituyente que instaure la República como único camino posible.
Luis Alberto Egea
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